Resultado financiero superavitario de mil millones de pesos, una pauta de inflación del 18% anual.
El proyecto del Presupuesto 2027 ingresó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con la ratificación del equilibrio fiscal y una apuesta central centrada en el desarrollo de la infraestructura y el alivio tributario. La propuesta del Poder Ejecutivo contempla gastos e ingresos totales en torno a los 24,1 billones de pesos, proyectando un resultado financiero superavitario de mil millones de pesos, una pauta de inflación del 18% anual, una variación en el nivel de actividad económica del 4% y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar para el cierre del ejercicio.
En materia de obras públicas, el plan de gestión reserva el 18% de las erogaciones totales, destacándose un destino récord del 5,2% al área de Transporte. Este esfuerzo financiero se traduce en casi un billón de pesos dedicados a la red de subterráneos, la cifra más elevada de los últimos veinte años en el sector. Entre los hitos previstos sobresale el inicio de las obras de la línea F tras veinticinco años sin aperturas de nuevos trazados, iniciativa que conectará Barracas con Plaza Italia mediante doce estaciones y movilizará a más de trescientos mil pasajeros diarios. A su vez, durante el primer semestre se incorporarán nuevas formaciones en las líneas A, B y C, sumado a trabajos de modernización en la línea D. En el plano vial y de movilidad integral, el programa contempla concluir intervenciones estratégicas como la renovación de la Autopista Dellepiane, el Puente Anillo Pampa y el paso bajo nivel de Álvarez Thomas, mientras que en el transcurso del año en curso finalizarán las tareas en el Puente Labruna y los cruces de García Lorca e Irigoyen.
La distribución del gasto corriente muestra que las áreas sociales absorberán el 60,6% del presupuesto global, encabezadas por Educación con un 19,7% y Salud con un 16,5%, secundadas por Promoción y Acción Social con un 9,3%. Paralelamente, el área de Seguridad captará el 15% del total presupuestado, destinado a la actualización tecnológica, la flota policial y la videovigilancia. En lo que respecta a la planta de personal, las remuneraciones representarán el 41,3% del gasto total, consolidando una baja respecto de periodos anteriores gracias a un proceso de optimización administrativa que incluyó retiros voluntarios, la supresión de 359 cargos gerenciales y una reducción del 15% en la planta administrativa.
El capítulo tributario introduce una reformulacion del Impuesto a las Patentes mediante la incorporación de un octavo tramo de alícuotas y la extensión de la exención por antigüedad de 25 a 20 años. Esta modificación alcanzará a 1.630.000 vehículos: la mitad del padrón tributará montos menores a los del ejercicio previo, un 40% mantendrá los valores sin cambios y un 10% quedará exento. Adicionalmente, se ratifica la exención total para vehículos eléctricos y un esquema gradual de beneficios para híbridos. Por su parte, el Impuesto Inmobiliario y la tasa de ABL mantendrán actualización por inflación para las valuaciones de menor escala, mientras que las propiedades que superen los 41,4 millones de pesos de valor fiscal sumarán un recargo mensual del 1%. A nivel promocional, se reinstaurará la exención del ABL durante el primer semestre para hoteles y restaurantes, extendiendo el beneficio a las librerías, al tiempo que se liberará de la Contribución por Publicidad a PyMEs con facturación inferior a 461 millones de pesos y se aplicará una bonificación del 30% en la plusvalía urbana para incentivar la actividad de la construcción. Para las operaciones inmobiliarias de vivienda única, el Impuesto de Sellos quedará eximido hasta un tope de 291 millones de pesos.
Junto a la ley de leyes, el Ejecutivo remitió iniciativas complementarias dirigidas a simplificar trámites administrativos y responder a contingencias meteorológicas. La propuesta de Ley Arancelaria fijará un costo cero para 18 trámites, de los cuales trece se digitalizarán por completo y otros cinco mantendrán gratuidad en su modalidad virtual. Asimismo, ante las previsiones asociadas al fenómeno de El Niño, se impulsa la declaración de la Emergencia Hídrica y Climática por un periodo de doce meses. Este marco legal incrementará la partida destinada a infraestructura pluvial del 0,7% al 0,9% del presupuesto e incluirá facilidades crediticias a través del Banco Ciudad, readecuaciones presupuestarias y esquemas de subsidios directos para mitigar el impacto de eventuales precipitaciones extraordinarias en el territorio porteño.
