El proyecto de la diputada Pilar Ramírez será tratado en la Comisión de Justicia.
Este martes, en un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constituciones de la Legislatura porteña se pondrá bajo análisis un proyecto de ley presentado por la diputada de La Libertad Avanza Pilar Ramírez, una iniciativa que introduce profundas modificaciones en el Régimen Procesal Penal Juvenil local (Ley N° 2.451) con el objetivo de adecuar los procedimientos, las garantías y las sanciones aplicables a los menores de edad involucrados en causas penales.
La propuesta legislativa establece que el ámbito personal de aplicación de la ley comprenderá a todas las personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años no cumplidos al momento de los hechos investigados. En este marco, el articulado detalla estrictos protocolos para la determinación de la inimputabilidad, exigiendo la realización previa de peritajes psicológicos, psiquiátricos y médicos —con foco en la prevención de consumos problemáticos—, así como amplios informes ambientales y la intervención de organismos de protección de derechos y equipos interdisciplinarios de salud mental. Asimismo, se aclara que la declaración de inimputabilidad no suspenderá la investigación, la cual deberá continuar para esclarecer el hecho ilícito y determinar la posible participación de terceros mayores de edad.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la modernización del sistema de penas y medidas socioeducativas. Para los delitos cuya pena no supere los tres años de prisión, se prevé el reemplazo obligatorio de la pena privativa de la libertad por sanciones alternativas; en tanto que, para delitos con penas de hasta diez años —siempre que no hayan implicado la muerte de la víctima o violencia extrema—, el juez podrá optar por medidas sustitutivas. Entre las opciones contempladas figuran la amonestación en audiencia privada, la prohibición de acercamiento, la prestación de servicios a la comunidad, el monitoreo electrónico, la reparación integral del daño y diversas medidas complementarias orientadas a garantizar la escolarización, la capacitación laboral y la asistencia psicológica.
En cuanto a las penas privativas de la libertad, el texto prohíbe de manera terminante la reclusión y la prisión perpetua, fijando un plazo máximo de cumplimiento de quince años para adolescentes. Estas sanciones podrán cumplirse en detención domiciliaria, en institutos abiertos o en instituciones especializadas. Paralelamente, la iniciativa regula la figura del supervisor especializado —cuya designación recaerá en el Ministerio de Justicia porteño—, un profesional encargado del seguimiento, la asistencia semanal y la evaluación periódica del desempeño educativo y social del imputado durante el proceso.
Finalmente, el proyecto introduce modificaciones sustanciales en los plazos procesales y las atribuciones del Ministerio Público Fiscal y de la querella. Se fija un plazo de noventa días para concluir la investigación preparatoria —reducido a quince días en casos de flagrancia—, priorizando la celeridad en aquellos supuestos donde el imputado permanezca detenido. También se detallan los supuestos en los que procederán la mediación penal y la suspensión del proceso a prueba, excluyendo de estos beneficios a los delitos más graves o a quienes registren condenas previas firmes, consolidando así un marco normativo que busca balancear la responsabilidad penal con la resocialización de los jóvenes en el ámbito de la Ciudad.
