Primera jornada de audiencias por el futuro del predio del ex-Instituto Manuel Rocca.
Luego de más de siete horas de exposiciones, culminó la primera de las cuatro jornadas de audiencia pública donde se está definiendo el futuro del predio que ocupa el ex-Instituto Manuel Rocca, ubicado en Segurola 1651, en la Comuna 10. Se trata de un inmueble cuya responsabilidad dominial recae sobre el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, organismo presidido por Victoria Morales Gorleri y que tiene como finalidad promover, proteger y garantizar los derechos de toda esta población.
Respecto del tratamiento legislativo, este proceso de audiencia se extenderá hasta el próximo lunes a fin de dar espacio a las más de mil personas que se inscribieron para exponer sus posturas en torno al proyecto votado en primera lectura. El cual propicia la entrega del predio al club All Boys por un plazo de 20 años para que desarrolle allí actividades deportivas, educativas y culturales.
Esta instancia de participación ciudadana obligatoria, aunque no vinculante, dejó mucho entusiasmo por parte de quienes pertenecen a la entidad, desde el propio presidente hasta socios y socias, quienes expresaron al unísono que el futuro del predio en cuestión tiene que ser «ciento por ciento para el club All Boys», en una seguidilla de buenas intenciones y necesidades reales de ampliar la capacidad de sus actuales instalaciones.
Sin embargo, el proyecto votado en primera instancia —que deberá ser convalidado en un segundo tratamiento posterior a esta audiencia pública— choca con obstáculos que no fueron previstos ni tomados en consideración por parte de quienes impulsaron la iniciativa, teniendo a la propia entidad deportiva como principal promotora, acompañada desde la Legislatura por distintas voces. Entre ellas la del diputado Alejandro Grillo, quien ha manifestado que «el debate parte de una realidad concreta: tenemos un predio cerrado, deteriorado y subutilizado, y la Ciudad cuenta con la oportunidad inmejorable de recuperarlo para los porteños».
Frente a esto, se debe remarcar que el predio del ex-Instituto Manuel Rocca, responsabilidad legal del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue donado en 1920 por su entonces propietario, Manuel Rocca, a la Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal con un destino claro: legarlo para uso de las infancias y las adolescencias. Algo que dejó en claro la propia Morales Gorleri al hacer uso de la palabra durante la primera jornada de audiencias, recordando que «la titularidad del predio no está en la órbita de los bienes del Gobierno porteño, sino específicamente del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, un ente autárquico que se desprende del jefe de Gobierno». Es decir, ni el Gobierno porteño ni la Legislatura pueden soslayar esta situación.
En segundo lugar, lejos de estar desocupado o abandonado, el Consejo de Derechos en la actualidad utiliza ese espacio como centro operativo para cada una de las áreas donde desempeñan su tarea diaria. Es un lugar de logística y depósito de todos los dispositivos del organismo donde se almacenan leche, pañales, camas y ropa para abastecer tanto a los hogares convivenciales como a otros centros, incluso para aquellos adolescentes que están en situación de consumo y de calle al mismo tiempo. Una pieza fundamental en el engranaje operativo de una estructura institucional que tiene por finalidad última trabajar para «revertir situaciones de vulneración que padecen nuestros menores, en un contexto de difícil situación económica y social, que trae aparejadas situaciones de salud mental y de consumo problemático en las infancias, y a las que debe darse respuesta cuando un niño es vulnerado en sus derechos», según resaltó la propia Morales Gorleri.
Un dato alarmante sobre este presente desafiante lo dio la propia titular del Consejo de Derechos al explicar que «en el último año hemos visto un crecimiento de un 78% de bebés que nacen con sustancias en sangre», es decir, «bebés con abstinencia». Esta es parte de la realidad de menores que deben atravesar diferentes escenarios, donde algunos de ellos y ellas llegan a la edad de 18 años habiendo vivido la mayor parte de su existencia en un hogar convivencial sin haber concretado un proceso de adopción.
Ante esto, el Consejo de Derechos se planta frente a este proyecto de forma firme y a la vez comprensiva, buscando que no haya «ganadores y perdedores», como sostuvo Morales Gorleri, pero entendiendo que parte del predio debe quedar en manos del Consejo de Derechos para poder financiar en parte a los 56 hogares convivenciales y dar apoyo a los 1400 chicos que debieron ser separados de sus familias y que tienen, en este espacio institucional, lo más cercano a un hogar.
Un Consejo de Derecho que no fue consultado en modo alguno por parte de quienes impulsaron la iniciativa, el cual tiene por delante la necesidad de realizar un esfuerzo titánico si se tiene presente el aumento exponencial que tendrá la demanda de hacerse cargo de las derivaciones producto de la baja de imputabilidad vigente. Un organismo que deberá estimular el desarrollo de proyectos personales en cada uno de esos chicos y chicas que, por diferentes causas, pasarán a estar bajo su tutela. Por todo esto, más allá de la partida presupuestaria que reciben cada año, Morales Gorleri ve en el futuro del predio Rocca «una de las garantías más potentes, parte del capital que necesitamos para acompañar la vida de nuestros pibes».
Todo este escenario no niega —según explicó Morales Gorleri— llegar a la conclusión de «que el club no tiene un rol social o no merece un lugar acá» en el propio predio en cuestión. Volviendo a rescatar que «no se trata de ganadores o perdedores», pero dejando en claro que aquello que les pasa a esos chicos y chicas «nos está pasando a todos, a cada uno de ustedes, a todos los miembros del Consejo de Derechos, a todos los legisladores, a la Nación entera, al pueblo argentino», invitando a todas las partes a «encontrar el camino para ganar, para ganar recursos, para acompañar a nuestros chicos».
Tras su participación en la audiencia pública, Morales Gorleri dialogó con la prensa y remarcó la necesidad de mantener el sentido original de la donación del predio, asumiendo la responsabilidad institucional de «velar por los derechos de los chicos y sus recursos». Ante lo cual sostuvo que no es posible «dar un predio entero sin ninguna contraprestación por parte de a quién se lo destina, teniendo las necesidades de recursos que tenemos respecto a la infancia y la adolescencia». Reforzó así la necesidad de alcanzar ese «punto medio, ese canal de diálogo, buscando que una parte del predio sea destinada al club para que puedan ampliar sus actividades, pero sin resignar que parte del predio siga siendo utilizado o generando recursos económicos para el Consejo de Derechos», aspectos que deberán ser contemplados en el proyecto en segunda lectura.
La propia Morales Gorleri explicó que la proporción sería de un 30% para uso del Club All Boys y un 70% para el Consejo de Derechos, dando lugar al desarrollo de espacios comercializables los cuales, a su vez, podrían ser concesionados al propio club —también por un plazo de 20 años—, generando recursos económicos para financiar parte de las necesidades de los diferentes hogares convivenciales.
El predio se encuentra hoy judicializado por parte de quienes defienden los intereses del club ante el avance de obras llevado adelante por el Gobierno porteño, quedando por realizarse otras tres jornadas de exposiciones para dar por terminada esta instancia de participación ciudadana, tan obligatoria como la de cumplir con el mandato de donación. Esta cuestión deberá ser atendida antes del tratamiento del proyecto en segunda lectura si lo que se busca es evitar otro proceso de judicialización, ahora en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de esta ciudad.
