Jorge Macri envió el proyecto a la Legislatura porteña.
El jefe de Gobierno presentó ante la Legislatura porteña un proyecto de ley clave para consolidar la autonomía de la Ciudad. La iniciativa propone la modificación del Código Procesal para la Justicia del Trabajo (Ley 6.790) con el objetivo central de adaptar el marco normativo local para poner en marcha, de manera efectiva, la Justicia del Trabajo de la Ciudad, tras el acuerdo de transferencia firmado con el Estado Nacional el pasado 9 de febrero de 2026.
Con esta propuesta, la Ciudad asumiría formalmente la competencia material y la función judicial en materia laboral que antes correspondían al fuero nacional. El proyecto plantea cambios basados en cuatro elementos clave:
1 - Ampliación de la competencia territorial: se expanden las fronteras de la justicia local. A partir de la reforma, el fuero del trabajo de la Ciudad será competente no solo cuando las tareas se realicen o el contrato se firme en la Capital Federal, sino también en casos donde el demandado (la empresa o empleador) tenga su domicilio legal en la Ciudad, o bien cuando el trabajador tenga su domicilio real en territorio porteño.
2 - Audiencias virtuales, presenciales o mixtas: se institucionaliza la flexibilidad de formatos. Las audiencias podrán ser presenciales, virtuales o mixtas, según lo reglamente el Consejo de la Magistratura. Se fijan pautas estrictas: los encuentros serán videograbados, habrá una tolerancia de espera de 15 minutos y se exigirá que los testigos que declaren de forma virtual permanezcan solos en la sala, con cámaras y micrófonos controlados por el juzgado para garantizar la transparencia del acto.
3 - Audiencia final de alegatos obligatoria y última instancia de acuerdo: una vez concluida la etapa de producción de pruebas, el juez deberá convocar en un plazo de cinco días a una audiencia final de alegatos con comparecencia personal obligatoria de las partes. El objetivo es que el magistrado intente, antes de que los abogados expongan sus conclusiones de forma oral, que las partes exploren una solución conciliatoria. Si no hay acuerdo, se pasará directamente a los alegatos, dejando el caso listo para sentencia.
4 - Plazos estrictos para los jueces y "Gestión Asociada": para evitar que las causas se dilaten, la reforma reafirma los plazos procesales. Tras la audiencia de alegatos, los jueces de primera instancia tendrán un tiempo límite de 30 días para dictar la sentencia definitiva.
Además, para aliviar la carga burocrática de los magistrados, se establece que los juzgados contarán con el apoyo de una Secretaría Judicial de Gestión Asociada. Esta estructura separará las tareas puramente administrativas de las funciones de juzgamiento, aplicando estándares de calidad, despachos desformalizados y herramientas digitales bajo el control de eficiencia del Consejo de la Magistratura.
Se espera que el proyecto comience a ser debatido en las comisiones de la Legislatura porteña en los próximos días, donde el oficialismo buscará conseguir los consensos necesarios para aprobar una ley que promete transformar de raíz el mapa de los reclamos laborales en la Ciudad de Buenos Aires.
