El Ejecutivo deberá explicar las actuaciones de la Agencia Gubernamental de Control.
El pasado 9 de marzo en la avenida del Libertador, entre Juramento y Mendoza, en el barrio de Belgrano, ocurrió el derrumbe de un inmueble que estaba en proceso de demolición. Como consecuencia, un trabajador sufrió politraumatismos y tuvo que ser derivado al hospital Pirovano.
Sobre esta base, el diputado Matías Barroetaveña presentó un pedido de informe —convalidado por la Legislatura porteña en la sesión del pasado jueves— para conocer la razón social de la empresa que realizó las tareas de demolición. Además, solicitó saber si dicha firma tramitó el permiso correspondiente ante la Dirección Operativa de Registro de Obras (DORO) y exigió que se especifiquen, entre otras cuestiones, las inspecciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
También se solicita que se explicite si se cuenta con información sobre la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la empresa que intervinieron en la obra. Para ello, se exige acreditar la nómina y detallar la cantidad de personas afectadas por el derrumbe, la atención médica recibida, su estado de salud actual y si sufrieron alguna incapacidad como resultado del accidente de trabajo.
El pedido se extiende a los vecinos y vecinas, con el fin de relevar las posibles consecuencias en sus casas particulares o comercios que pudieran haberse visto afectados por el colapso.
En los fundamentos de la iniciativa, el diputado de Fuerza por Buenos Aires recuerda ciertos antecedentes de similar calibre, algunos de ellos con consecuencias fatales. Entre ellos, menciona lo ocurrido en el barrio de Caballito en febrero de 2025, cuando murieron dos personas tras el colapso de una vivienda lindera a una obra en construcción en la calle Pedro Goyena. A esto se suma el hecho de Costanera Norte del 1 de marzo de 2026, cuando se derrumbó parte del escenario en el boliche Archi Club durante la madrugada, lo que dejó 9 heridos y obligó a evacuar a 700 personas. Por último, cita el caso más reciente sucedido en Parque Patricios el 3 de marzo de 2026, en el complejo de viviendas "Estación Buenos Aires": allí colapsó una losa de cocheras y patio interno de unos 50x70 metros hacia el estacionamiento subterráneo, lo que forzó la evacuación de los residentes y la realización de tareas de apuntalamiento.
Barroetaveña recuerda que la AGC tiene, dentro de sus potestades y competencias, la fiscalización de las normas relativas a la seguridad en obra para verificar el cumplimiento de las normativas de edificación y prevenir accidentes, tales como derrumbes o riesgos estructurales.
Estas obligaciones abarcan también la fiscalización de las normas vinculadas a la seguridad laboral para evitar accidentes de trabajo. En este sentido, advirtió que los hechos ocurridos podrían mostrar un patrón de impericia por parte del organismo de control en la fiscalización de este tipo de actividades, lo cual pone en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores y vecinos de la Ciudad de Buenos Aires.
Por todos estos motivos, el objetivo principal del presente proyecto es conocer y evaluar cómo ha actuado la AGC frente al derrumbe acaecido en la Av. del Libertador. Específicamente, se busca determinar el accionar respecto a la obra en cuestión, si el lugar había sido inspeccionado y si se habían tomado las medidas pertinentes para evitar este tipo de accidentes.
