Presentó un proyecto fijando la obligatoriedad de enviar impuestos y tasas en formato físico.
La diputada porteña Graciela Ocaña presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que busca garantizar que las personas mayores de 70 años reciban en formato papel las boletas de impuestos, tasas y contribuciones emitidas por el Gobierno local.
La iniciativa establece que el envío físico será obligatorio para este grupo etario, aunque contempla la posibilidad de que quienes lo deseen opten de manera expresa por la modalidad digital. En esos casos, la elección deberá ser voluntaria y podrá ser revertida en cualquier momento, volviendo automáticamente al sistema en papel.
El proyecto también fija que, si el Estado no cumple con el envío en formato físico cuando corresponde, la notificación no será considerada válida. En consecuencia, no podrán computarse plazos administrativos ni aplicarse sanciones hasta que se garantice la correcta notificación.
La autoridad de aplicación será la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), junto con los organismos que determine el Poder Ejecutivo, que deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días de su eventual promulgación.
Según se detalla en los fundamentos, la propuesta se enmarca en la Ley 6753 de la Ciudad, que promueve la protección integral de los derechos de las personas mayores y establece la necesidad de garantizar condiciones de accesibilidad y atención adecuada.
En ese sentido, el texto advierte sobre el impacto que pueden tener los procesos de digitalización del Estado en sectores con dificultades de acceso o uso de herramientas tecnológicas. Si bien reconoce los beneficios de la modernización administrativa —como la reducción de costos y la simplificación de trámites—, subraya que estos avances no deben generar exclusión.
Actualmente, la Ciudad impulsa la digitalización de boletas tributarias, como el impuesto inmobiliario y el Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), una medida que, según datos oficiales, permitiría un ahorro anual estimado en 3.900 millones de pesos.
Sin embargo, el proyecto señala que persiste una brecha digital que afecta especialmente a los adultos mayores, quienes en muchos casos no utilizan correo electrónico, aplicaciones o plataformas digitales, ya sea por limitaciones de acceso, dificultades técnicas o preferencia personal.
En este contexto, se advierte que la falta de recepción de boletas en tiempo y forma puede derivar en pagos fuera de término, intereses, multas o incluso endeudamiento involuntario.
La iniciativa sostiene que el Estado debe garantizar el acceso a la información tributaria de manera clara y accesible, sin trasladar al contribuyente las dificultades derivadas de los procesos de modernización tecnológica.
Finalmente, el proyecto destaca que la medida no solo busca proteger a las personas mayores, sino también brindar mayor seguridad jurídica, reducir conflictos administrativos y asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales.
