El diputado porteño Andrés La Blunda presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que informe, en un plazo de treinta días, distintos aspectos vinculados a la licitación de servicios integrales de alojamiento y cuidados para personas mayores (7411-2032-LPU25), a los Hogares de Residencia Permanente dependientes del Gobierno porteño y al Programa 55 – Hogar de Residencia Permanente y Transitoria.
La iniciativa requiere que se detalle el fundamento técnico, el diagnóstico social y la proyección de demanda que llevaron a establecer en 701 personas la cantidad total de beneficiarios prevista en la licitación. Asimismo, solicita precisiones sobre el alcance de esas plazas, en particular si se suman a las ya existentes en los hogares estatales, si reemplazan total o parcialmente plazas actualmente gestionadas por el Estado o si implican un proceso de tercerización de servicios que hoy se prestan en establecimientos públicos, con la correspondiente fundamentación en cada caso.
El proyecto también pide información sobre los ratios de personal exigidos en la licitación, discriminados por residente y por turno, tanto para personas mayores autoválidas como dependientes, y sobre los criterios técnicos utilizados para su definición. En ese sentido, se requiere comparar dichos ratios con los actualmente vigentes en los hogares de residencia permanente dependientes del GCBA, indicando si resultan equivalentes, superiores o inferiores, y detallando las diferencias existentes.
Otro de los puntos centrales del pedido de informes se refiere a los costos del sistema. El diputado solicita que se indique si se realizó algún estudio comparativo entre la prestación directa del servicio por parte del Estado en hogares propios y la contratación de servicios a través de la licitación mencionada, y que, en caso afirmativo, se remita copia del mismo.
La iniciativa requiere además un detalle de la capacidad máxima actual de cada hogar de residencia permanente del GCBA, junto con los criterios utilizados para su determinación, teniendo en cuenta que dicha capacidad se establece en función de personas mayores autoválidas y puede verse reducida por el aumento de la complejidad de los residentes, la dotación de recursos humanos y las condiciones edilicias. En la misma línea, se solicita información sobre la cantidad de personas alojadas en cada hogar desde abril de 2024 a la fecha, el nivel de ocupación en relación con la capacidad máxima y la evolución mensual, desde enero de 2022, de la cantidad total de personas mayores alojadas, discriminada por establecimiento.
El proyecto también pide que se informe la distribución de las personas mayores alojadas en cada hogar según su condición psicofísica —autoválidas, semidependientes y dependientes— y que se detalle la dotación total de personal de cada establecimiento, diferenciando personal profesional, de cuidado, administrativo y de servicios, así como la modalidad de contratación.
En relación con el proceso licitatorio, el diputado La Blunda solicita que se indique si se produjeron derivaciones de personas mayores desde hogares estatales hacia dispositivos privados, especificando cantidad, fechas, hogares de origen y fundamentos de cada caso. Asimismo, requiere información sobre el presupuesto asignado para el ejercicio 2026 a cada hogar de residencia permanente del GCBA, con discriminación del crédito total, el gasto en personal y otros gastos operativos.
La iniciativa también interroga si el Poder Ejecutivo prevé modificar la cantidad de plazas, la dotación de personal o la modalidad de gestión de los hogares estatales en el marco de la licitación, y cuál es la incidencia presupuestaria de dicho proceso sobre el presupuesto total asignado al Programa 55 para 2026, incluyendo la meta física prevista y la cantidad de personas mayores asistidas.
Finalmente, el proyecto solicita que se desagregue la meta física del Programa 55 según el tipo de dispositivo —hogares de residencia permanente estatales, hogares de residencia transitoria y dispositivos contratados mediante licitación—, que se informe el costo anual por persona mayor asistida en cada modalidad y que se explique cómo se articula presupuestaria y operativamente el Programa 55 con la licitación de servicios de alojamiento y cuidados. También se pide que se precise si la licitación tendrá impacto en la dotación de personal de los hogares estatales, incluyendo eventuales reducciones, reubicaciones, no renovaciones de contratos o cambios en las funciones.
