En agosto pasado, el propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció la implementación de multas de hasta $890.544 para quienes fueran sorprendidos revisando los contenedores de basura. Además, instruyó a la Policía de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad a intervenir en estos casos y a exigir la limpieza inmediata del área afectada.
Con el correr de los meses, el diputado Emmanuel Ferrario presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde “precisiones sobre la reciente política destinada a sancionar a las personas que remuevan residuos de los contenedores de la Ciudad”.
La solicitud reclama información detallada sobre la cantidad de sanciones económicas aplicadas durante agosto, septiembre y octubre, período en el que la medida comenzó a regir. También pide conocer las acciones llevadas adelante por el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Ciudad para asegurar el cumplimiento efectivo de las penalidades anunciadas.
El requerimiento surge en un contexto donde el sistema de gestión de residuos de la Ciudad ya venía siendo objeto de debate. Organizaciones sociales, cooperativas de recicladores urbanos y especialistas en políticas ambientales señalan que miles de personas dependen de la recolección informal de materiales reciclables para subsistir, y advierten que la imposición de multas podría agravar su situación económica. A su vez, plantean que la medida no aborda el problema estructural: la falta de una política inclusiva que integre plenamente el trabajo de los cartoneros al sistema formal de reciclaje.
Otro punto central del pedido de Ferrario es esclarecer el destino de los fondos recaudados a través de estas multas. La inquietud aparece en un contexto en el que diversos actores sociales remarcan la necesidad de transparentar cómo se financian las campañas de limpieza urbana y si estos recursos contribuyen efectivamente a mejorar la infraestructura de recolección o únicamente cumplen un rol sancionatorio.
En los fundamentos de su solicitud, el legislador recuerda que la vocera del Ejecutivo, Laura Alonso, había respaldado públicamente la medida con un mensaje publicado en la red social X: “Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien. La orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro. Se terminó la impunidad para los ‘recicladores’. El que ensucia, limpia o paga”.
Las declaraciones generaron en su momento una fuerte repercusión pública. Diversos referentes políticos y organizaciones de derechos sociales advirtieron que la norma podía derivar en situaciones de estigmatización, criminalización de la pobreza y discrecionalidad en la actuación policial. Desde sectores ambientalistas, en cambio, algunos respaldaron la necesidad de ordenar los puntos de disposición de residuos, aunque reclamaron que la política fuera acompañada por alternativas de inclusión laboral para quienes dependen del reciclaje.
A partir del tiempo transcurrido y de la escasez de información oficial publicada al respecto, Ferrario plantea ahora la interrogante respecto de qué cambió desde la aplicación de sanciones, desde que la medida fue comunicada, un pedido que apunta a despejar dudas sobre la implementación efectiva de la norma y sobre la evaluación interna que realiza el Gobierno acerca de su impacto social y operativo.
