El diputado Juan Pablo O`Dezaille, del bloque Unión por la Patria, presentó en la Legislatura porteña un pedido de informe para que se expliquen las razones por las cuales las personas con discapacidad están teniendo dificultades para acceder gratuitamente a la Estación Perú de la Línea A del Subte.
El legislador está buscando respuestas sobre que “medidas se han implementado para garantizar la efectiva aplicación del derecho al transporte público gratuito para personas con discapacidad en esa estación en particular y en el resto de las líneas en general, recordando que así lo obliga la propia normativa nacional, a partir de la Ley N° 22.431, que fija el sistema de Protección Integral de los Discapacitados, y la Ley N° 447 de la Ciudad, la cual establece el Régimen para Personas con Discapacidad.
A esto se le suma el pedido para conocer si “existen informes o registros de incidentes, quejas o reclamos de personas con discapacidad o sus acompañantes, respecto de la imposibilidad de acceder al pase gratuito en la Estación Perú otras estaciones de subte”, a fin de entender si esta potencial falta de reconocimiento de derechos tiene periodicidad en el tiempo y si se replica en otra de las estaciones de la red.
Importante es poder esclarecer si la empresa EMOVA, operadora del servicio, cuenta con “protocolos o procedimientos específicos” para el personal de la Estación Perú, y en general de la red de Subte, “en relación con la asistencia y validación del pase gratuito de personas con discapacidad, incluyendo situaciones en las que el sistema automatizado de molinetes no lo reconoce”.
De muy mal gusto sería comprobar que la empresa EMOVA, la misma que se ha preocupado por colocar personal para vigilar que los usuarios no salten el molinete, no esté capacitando al personal para auxiliar a las personas discapacitadas.
Un sistema modernizado en la forma de pago, pudiendo abonar el boleto con QR, con tarjeta de débito o de crédito, todo un salto cualitativo que dejó atrás a las tarjeras de cartón que se podían utilizar sin vencimiento, quitando la posibilidad de estoquearse para poder hacer frente a los aumentos del valor del boleto, un ventaja para el concesionario que ahora permite pagar con tarjeta de crédito, pero que parecería no reconocer a quienes tienen el derecho de viajar gratis, no por gracia de ningún concesionario sino por Ley.
Es por esto que el legislador Juan Pablo O`Dezaille quiere que se detallen “que acciones concretas se han tomado o se prevé tomar para subsanar las deficiencias detectadas en la Estación Perú que impiden el uso del pase gratuito por parte de personas con discapacidad, incluyendo la adecuación tecnológica de los molinetes y la provisión de alternativas efectivas en caso de fallas del sistema”.
Lo cual obliga a recordar, más allá de tener concesionado el servicio ayer con Metrovías y hoy con EMOVA, siempre con el Grupo Roggio, que se trata de un servicio público propiedad última de una comunidad que tiene derecho de saber “cuál es el presupuesto asignado para la accesibilidad y la garantía del derecho al transporte público de personas con discapacidad en la red de Subte para el corriente ejercicio fiscal, y cómo se distribuye dicho presupuesto específicamente en relación con la implementación de pases gratuitos y la adecuación de infraestructura y tecnología”, como pide O`Dezaille.
No se debe olvidar que la otrora Metrovías, hoy EMOVA, apeló su obligación de adecuar estaciones para discapacitados, a fines del 2007, cuando la Justicia hizo lugar a una acción de amparo, en una causa iniciada por una persona discapacitada que utiliza una silla de ruedas, la cual requería que las estaciones de la red sean readecuadas para el acceso de personas con movilidad reducida.
Momento en que el servicio no había sido traspasado a la Ciudad, donde la concesionaria Metrovías manifestaba que la normativa de protección de las personas con discapacidad sólo obligaba a adecuar las estaciones que se construyan a futuro, pero no a las existentes hasta ese momento.
Una actitud empresarial de larga data, que tiene continuidad comprobable en el reclamo constante por el mal funcionamiento de los ascensores y las escaleras mecánicas, las cuales se trasforman en verdaderas barreras para la accesibilidad real de cientos de vecinos y vecinas con alguna discapacidad o dificulta en el andar propia de la edad, teniendo por parte de EMOVA una respuesta inalterable, decir que esto se debe a un vandalismo recurrente, es decir, la culpa es de otro, de terceros.
¿Quién se ocupa de los arreglos?, es la pregunta obligada. La empresa ha dicho en diferentes declaraciones públicas que la puesta a punto de ascensores y escaleras mecánicas está en manos de un servicio tercerizado que, dicho sea de paso, es una de las innumerables vertientes responsables del engrosamiento de la famosa tarifa técnica, fórmula secreta que en toda audiencia pública no logra ser esclarecida, la cual determina el precio final de cada viaje que pagan los usuarios y usuarias, pues determina el costo real del servicio.
Finalmente, de regreso al pedido de informes del diputado Juan Pablo O`Dezaille, de comprobarse esta violación de derechos de las personas con discapacidad, se estaría limitando “la autonomía, la inclusión social y la participación plena” de cientos de personas que transitan por esta Ciudad, siendo “responsabilidad del Estado remover los obstáculos que impiden el ejercicio de estos derechos y asegurar que el transporte público sea un servicio inclusivo y accesible para todos”, razón última de la presentación del mencionado proyecto.
