Se presentó en la Legislatura porteña un pedido de informes al Ejecutivo por la entrada en vigencia de la aplicación IZI Park, que permite a los usuarios encontrar espacios donde estacionar, los cuales son potencialmente ofrecidos por vecinos que ofrecen lugares disponibles en sus propiedades.

Quienes accedan a esta app tienen la posibilidad de optar por las tres posibles ubicaciones: en la calle, tapando el acceso a la cochera del frentista; sobre la vereda, si la profundidad lo permite y dentro del garaje de la casa o comercio.

Según se explicó, la tarifa de esta aplicación ronda los 9 pesos por minuto, lo que lleva a 540 pesos por hora. Pudiéndose abonar con moneda digital, por medio de Mercado Pago, con tarjeta de débito o de crédito, o mediante RapiPago y PagoFácil.

Desde aquí es que debe entenderse el pedido de informes del diputado Alejandro Grillo, de Unión por la Patria, en relación a la mencionada aplicación IziPark, hacia el Poder Ejecutivo porteño, entendiendo que “la ocupación de espacios públicos mediante plataformas digitales, sin marco legal claro ni control efectivo, representa un grave riesgo para el principio de igualdad ante el uso del espacio urbano, al habilitar un esquema de privatización de facto sin proceso legislativo ni administrativo”.

En concreto, el proyecto pide que se informe si se han labrado infracciones o removido vehículos vinculados a usuarios de esta aplicación; si existe alguna normativa o disposición del GCBA que autorice a particulares a comercializar espacios sobre la calzada frente a sus domicilios y que se informe las medidas de fiscalización se están llevando respecto de la ocupación temporaria del espacio público a través de esta plataforma digital.

En los fundamentos de la iniciativa se menciona la necesidad de aclarar si la aplicación IziPark cumple con normativa vigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con el uso del espacio público.

Menciona Grillo que la alternativa de alquilar espacios para estacionamiento en la propia calzada, frente a cocheras particulares, genera una polémica que debe ser resuelta, ante posible contradicción con el Código de Tránsito y Transporte y con los principios de uso común del espacio público.

En este sentido, dice Grillo, “si bien la plataforma se presenta como una solución innovadora a la escasez de estacionamiento, lo cierto es que su modalidad de ocupación temporal del dominio público implica una apropiación privada de un bien común sin autorización estatal expresa”. Entendiendo que “diversos artículos del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, texto consolidado por Ley 6.588, prohíben taxativamente las prácticas habilitadas por IziPark”.

A raíz de esto, se menciona el artículo 7.1.1 de la norma, donde se establece que el estacionamiento en aceras sólo puede realizarse en casos excepcionales como accesos a garajes comerciales, algo que excluye expresamente su uso para actividades comerciales privadas sin autorización.

El artículo 7.1.9, inciso E, donde se prohíbe estacionar en los sectores de ingreso y egreso de vehículos, e incluso frente a estos, si el ancho de calzada no permite la maniobra. Una norma que en forma explícita prohíbe que se estacione incluso con consentimiento del propietario, algo que IziPark pretende legitimar.

Se suma también la mención del artículo 7.2.1 que prohíbe la reserva de espacios para estacionamiento en la vía pública, salvo los casos expresamente autorizados en el mismo capítulo, los cuales no incluyen este tipo de plataformas.

Agrega que el artículo 7.1.8 refuerza las prohibiciones generales de detención y estacionamiento en sectores sensibles como sendas peatonales, ciclovías o rampas, aclarando qué si bien no menciona las cocheras directamente, consolida una visión normativa restrictiva del uso privado del espacio vial.

Fuera de la órbita porteña, dando cuenta de la normativa nacional, Grillo recuerda que el artículo 48, inciso c) de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 prohíbe el estacionamiento frente a entradas de garajes, salvo autorización de la autoridad competente, lo que no se cumple en la operatoria de IziPark.

Por todo esto, el legislador de Unión por la Patria busca que el Gobierno porteño evalúe “la legalidad de esta operatoria, si ha emitido autorizaciones, y qué medidas está tomando para fiscalizar estas prácticas”.