Se está impulsando en la Legislatura porteña, a partir de una iniciativa del diputado Lucio Lapeña, un beneficio impositivo para profesores de carreras terciarias, a partir de la propuesta de modificación del inciso 8 del art. 303 del Anexo I, del Decreto 116/25, Código Fiscal T.O. 2025. 

La propuesta parlamentaria apunta a que la normativa vigente quede redactada estableciendo que “los ingresos obtenidos por el ejercicio de profesiones liberales universitarias de grado, cuya carrera tenga una duración no inferior a cuatro (4) años, o terciarias oficialmente reconocidas y que no se encuentren organizadas en forma de empresa".

Busca el legislador de UCR Evolución que, teniendo en cuanta el actual Código Fiscal, donde se establece el beneficio a las profesiones liberales universitarias de grado, esta posibilidad se extienda a todos los y las “profesionales de carreras terciarias, con el propósito de colaborar con su desarrollo como profesionales independientes”.

Sostiene esto la necesidad  de dar una respuesta a partir de “la difícil coyuntura económica actual y las dificultades que deben atravesar los diferentes segmentos del mercado laboral son una prioridad a atender”. Pues, visualiza que “muchos son los profesionales que terminan sus estudios universitarios o terciarios y tienen dificultades para entrar al mercado laboral”.

De esta manera se estarían otorgando “incentivos a los profesionales liberales universitarios y terciarios que forman parte del sector más dinámico de la sociedad y también de un sector importante para el desarrollo económico, social y productivo de la Ciudad de Buenos Aires”.

Incentivos “para que los profesionales puedan insertarse mejor en el mercado de trabajo es una forma de apostar al futuro y al desarrollo profesional y personal de las futuras generaciones cuyas principales preocupaciones son el desempleo, el devenir económico, la pobreza, la inflación y la educación del país”.

Sumándose, dice Lapeña, la importancia que el “eximir del pago a los contribuyentes con educación terciaria completa no constituye un riesgo fiscal para la Ciudad” dándose, a su entender, un “doble beneficio para la sociedad en su conjunto”, a partir de lograr “otorgar incentivos al desarrollo profesional a la vez que tiene un bajo impacto fiscal”.