La diputada Silvia Imas ha presentado un proyecto para modificar la Ley 1073, en el marco de estar, en la Ciudad de Buenos Aires, frente a un abundante corpus de disposiciones normativas que, en la actualidad, resultan innecesarias o han perdido su aplicabilidad debido a su obsolescencia, asegurando que se está frente a una "inflación legislativa" que provoca un exceso de regulaciones que obstaculizan el funcionamiento óptimo de la ciudad.
En los fundamentos dice que se hace imperativo llevar a cabo un proceso de "deslegislación", que elimine o modifique aquellas leyes que ya no cumplen una función relevante o que no se adecuan a las necesidades contemporáneas, como sucede con la mencionada normativa que prohíbe la circulación de taxis vacíos en una sección específica de la Av. Presidente Roque Sáenz Peña, entre Esmeralda y Suipacha, algo que entiende, carece de fundamento lógico y práctico, sosteniendo que se trata de una normativa que coloca a los taxis en una posición desfavorable frente a otros medios de transporte que han surgido a raíz del desarrollo de nuevas aplicaciones.
Por ello, asegura que regular la circulación de taxis sin pasajeros en un área particular no se ajusta a la realidad del sistema de transporte actual, que ha sido transformado por la tecnología y las aplicaciones, cambiando las interacciones entre usuarios y proveedores de servicio. Entendiendo que la regulación en cuestión perturba el funcionamiento dinámico del mercado y restringe la capacidad del sistema de transporte para adaptarse a las demandas de la población.
Además, dice, la señalización correspondiente es ignorada y las autoridades encargadas hacen caso omiso de ella, lo que aboga por su derogación ante su evidente incumplimiento. El Estado, dice Imas, debería adoptar un enfoque más ágil y flexible, evitando convertirse en un obstáculo.
Desde una perspectiva liberal, dice la diputada en los fundamentos de la propuesta, se atenta contra la autonomía de los individuos—tanto conductores como usuarios—imponiendo restricciones arbitrarias y desproporcionadas. Asegurando que las leyes deben facilitar la capacidad de respuesta de los actores a las exigencias del mercado, en lugar de dificultarla, por lo cual cree necesario depurar el marco normativo.
Por esto, pide eliminar aquellas leyes que ya no cumplen su cometido, con la intención de fomentar una relación más transparente entre los ciudadanos y el Estado, reduciendo el margen de posibles casos de arbitrariedad.