La vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, ha presentado un proyecto que busca beneficiar a las personas con discapacidad, a partir de proponer una modificación al Código Fiscal, entendiendo que las personas con discapacidad se enfrentan a diferentes barreras estructurales y sociales que dificultan su participación plena y equitativa en la sociedad. Medidas que pretenden aliviar la carga tributaria y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, fomentando su plena participación e inclusión comunitaria, recreativa, educativa y laboral.
La iniciativa refuerza el compromiso del Gobierno porteño de construir una sociedad más inclusiva, promoviendo la igualdad de oportunidades y contribuir a la vida independiente de las personas con discapacidad. Asegurando que la normativa obliga a salvaguardar y promover el ejercicio del derecho a la vida autónoma, educación, salud y trabajo, y a adoptar medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas.
Destaca Muzzio que el artículo 42 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantiza a todas las personas con discapacidad el derecho a la plena inclusión, tanto en ámbitos educativos como laborales, procurando la eliminación de cualquier barrera que pueda impedir el pleno goce de derechos, en todos los ámbitos de su vida. Indicando que la exención de tributos para personas con discapacidad no es un privilegio, sino una forma de compensar los gastos adicionales que enfrentan y de promover la igualdad de oportunidades. Estas medidas reconocen que el costo de vivir con una discapacidad va más allá de lo visible y apuntan a una sociedad más inclusiva y justa.
De esta manera, se fundamenta, reducir los gastos adicionales a través de políticas fiscales adecuadas contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, fortaleciendo el tejido social y promoviendo la igualdad real. Por ello, las medidas que se proponen en este proyecto generan un impacto positivo en la economía y estimulan un cambio cultural consolidando un mercado laboral más justo y equitativo.
En concreto, las propuestas que se buscan incorporar apuntan a otorgar beneficios fiscales para los empleadores que contratan a personas con discapacidad, viendo esto como una herramienta relevante para fomentar la inclusión y promover la equidad en el mercado laboral.
Explicando que es importante también entender que el trabajo independiente debe ser una opción viable y respaldada por políticas públicas inclusivas, se promueve la bonificación de hasta un cincuenta por ciento (50%) del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los contribuyentes con discapacidad inscriptos en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Se suma, para fomentar el pleno empleo, el pedido de una deducción de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones a cargo del empleador que hubieren efectivamente abonado respecto de los trabajadores con discapacidad, previstas en las Leyes Nacionales 19.032, 23.660, 24.241 y 24.714, sus modificatorias y complementarias, siempre que éstas cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Un beneficio impositivo para el empleador y la posibilidad de aumentar las plazas de empleo registrado.
Se estaría disponiendo también la exención en el Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros para los contribuyentes o responsables que desarrollen actividades productivas, comerciales y/o de prestación de obras y servicios y empleen a personas con discapacidad. También se contempla la exención en los citados tributos para las instituciones que brindan las prestaciones de rehabilitación, preventivas, terapéuticas educativas, educativas y/o asistenciales, conforme los términos de la Ley Nacional 24.901.
Entendiendo que las instituciones referidas enfrentan costos operativos significativos para garantizar estándares de calidad en la atención y la carga impositiva puede comprometer su viabilidad financiera, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios, el proyecto en cuestión garantizará que los recursos disponibles se destinen exclusivamente a mejorar la infraestructura, la capacitación del personal y la calidad del servicio. Donde las instituciones beneficiarias de este proyecto son fundamentales para cumplir con los compromisos asumidos por el Estado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La limitación de la exención a inmuebles destinados exclusivamente a la prestación de servicios asegura que los beneficios fiscales se concentren en las actividades principales, a fin de estimular a las instituciones a invertir en espacios accesibles y equipamiento especializado.
Por último, el presente proyecto incorpora una exención en el pago de Patentes sobre Vehículos en General destinados exclusivamente al servicio de transporte automotor de personas con discapacidad. Una medida que procura reducir las barreras económicas para las personas con discapacidad y mejorar su acceso a la movilidad y autonomía.
