El proyecto de la diputada María Inés Parry propone, en su artículo primero, la creación del Fondo de Justicia Alimentaria (Foja), con la intención de garantizar “el pago de prestaciones alimentarias adeudadas, reconocidas judicialmente”, en el ámbito de la Ciudad.
Se tratará de un fondo sin personería jurídica, “destinado a abonar, a través de una suma de dinero que tendrá la condición de anticipo, las cuotas alimentarias impagas en el marco de un proceso judicial”.
Pudiendo acceder al mismo “las personas titulares de una prestación de alimentos reconocida en virtud de resolución judicial firme o convenio judicialmente homologado, ante el incumplimiento de pago de una (1) o más cuotas por parte de la persona obligada a prestar alimentos”.
La intervención del Foja será, a solicitud de la persona titular “del derecho a la prestación alimentaria”, cuando estén agotadas todas “las medidas ordenadas para llevar adelante la ejecución de la sentencia sin resultado positivo”, por mandato del juzgado o tribunal que intervenga.
A partir de esto, se garantizará el depósito judicial las cuotas adeudadas, un mecanismo que “operará sin perjuicio de otras medidas judiciales que correspondiera imponer a la persona responsable de incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria por imperio del artículo 553 del Código Civil y Comercial de la Nación”.
En cuanto a límites de este adelanto, en cuanto al monto, se establece que “la suma a abonar por cada cuota impaga no podrá superar el valor equivalente a la valorización mensual de la canasta de crianza por tramos de edad, según el caso”, y en lo que respecta a los plazos, el “máximo de percepción. El plazo máximo de percepción del anticipo reconocido a cada persona beneficiaria es de dieciocho (18) meses totales, independientemente de que pudiera percibirse en forma continua o discontinua”.
Un beneficio que culminará “por el cese de la obligación alimentaria, por cumplimiento de la obligación de pago por parte de la o las personas obligada/s a prestar alimentos, o por haberse cumplido el límite máximo de percepción”, antes mencionado.
En los fundamentos de la iniciativa, la diputada Parry recuerda una encuesta “de percepción e incidencia de la violencia contra las mujeres” realizada, entre otros, por la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA, donde se menciona que “en la mayoría de los casos relevados no se recibe la cuota alimentaria por parte de la ex pareja para la manutención de los hijos/as en común”.
Al tiempo que, “entre quienes sí la reciben, muchas no lo hacen en tiempo y forma, allí donde la justicia ha intervenido, prevalece la idea de que los acuerdos alcanzados no son suficientes o justos por diversos motivos (no se declaran la totalidad de los ingresos, no se actualiza el monto por inflación, el monto es menor en comparación a lo que la madre aporta al sustento del hogar). Esto hace que se profundice la vulnerabilidad económica y la precariedad en las condiciones de vida”.
