Prioridad para vecinos en atención médica programada, vacantes educativas y trámites.
La presidenta del bloque Vamos por Más en la Legislatura porteña, Silvia Lospennato, presentó el proyecto de ley denominado “Prioridad Porteña”, una iniciativa que busca fijar un marco legal definitivo para que la Administración Central y descentralizada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires priorice a las personas con domicilio en el distrito en el acceso a todos sus servicios, sean estos arancelados o gratuitos.
El texto legislativo —compuesto por dos artículos sustantivos— establece que la reglamentación deberá velar por el ordenamiento de los servicios públicos escasos ponderando la condición de ciudadano porteño, aclarando expresamente que la medida no implicará una "exclusión automática" de quienes residan en otras jurisdicciones y que respetará el principio de igualdad y no discriminación.
En la sustentación del proyecto, Lospennato argumenta que la iniciativa responde a una "deuda con los porteños" y plantea un debate sobre la sostenibilidad del sistema público.
Entre los puntos doctrinarios y jurídicos más destacados se señalan la necesidad de fijar una igualdad sustancial frente a formal, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y doctrina constitucional, se sostiene que establecer diferencias por ley entre distintos grupos no violenta la igualdad ante la ley, siempre que responda a un criterio razonable y no arbitrario para evitar situaciones de inequidad.
Una argumentación que advierte sobre el mito de la gratuidad de los servicios públicos que, al estar financiados por impuestos de los contribuyentes locales, no ponderar quién afronta ese costo genera deficiencias estructurales o la saturación del sistema en perjuicio de quienes aportan a las arcas porteñas.
Se trata de un texto que fundamenta con énfasis la situación del sistema sanitario y educativo, advirtiendo que la falta de un orden de acceso a turnos y controles no urgentes termina colapsando la atención. Además, alude a nociones de economía pública para advertir sobre el impacto de quienes hacen uso del sistema sin contribuir a su financiamiento (free riders), respetando al mismo tiempo la atención prioritaria por urgencia o razones humanitarias.
Una propuesta que toma como antecedente directo el reciente Decreto N° 142/26 del Poder Ejecutivo porteño —que ya dispuso un esquema similar de asignación preferente de turnos y cupos— buscando institucionalizarlo mediante una ley para darle estabilidad jurídica y evitar futuras modificaciones reglamentarias.
Con la presentación formal en la Legislatura porteña, el proyecto "Prioridad Porteña" inicia su trámite en comisiones, abriendo la discusión sobre la gestión de recursos públicos y el alcance de la reciprocidad interjurisdiccional en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
