Proyecto de Declaración que fija posición ante la iniciativa nacional para casos de violencia de género.
Legisladoras de distintos bloques presentaron una declaración de repudio a la iniciativa nacional que busca aumentar las penas por falsa denuncia en casos de violencia de género. Alertan sobre el bajo impacto estadístico del problema frente al preocupante subregistro de la violencia machista.
En un acuerdo político que cruza distintas fuerzas parlamentarias, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires recibió un proyecto de Declaración para manifestar su firme rechazo al proyecto de ley que se debate en el Senado de la Nación, el cual propone modificar el Código Penal para endurecer las penas por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio en causas de violencia de género. La iniciativa porteña es impulsada por la diputada Delfina Velázquez y cuenta con el acompañamiento de las legisladoras Victoria Freire, Claudia Neira y Graciana Peñafort (Vamos Buenos Aires), Manuela Thourte (Ciudadanos Unidos – UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Confianza y Desarrollo).
En los fundamentos de la propuesta se señala que la reforma que se analiza en el Congreso carece de sustento estadístico factual. Según datos del Observatorio de Violencias de Género de los Ministerios Públicos, las falsas denuncias proyectan para el período 2023-2025 apenas un 0,09% de los casos de todo el país, lo que equivale a 1 de cada 1.098 expedientes, mientras que el falso testimonio representa 1 de cada 3.940 causas. Además, el informe destaca que el 92% de esas falsas denuncias obedece a conflictos de índole económica o vecinal, no a situaciones vinculadas a la violencia machista.
En la misma línea, relevamientos del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género indican que en 2023 las condenas por falsas denuncias representaron apenas el 0,25% del total de casos analizados, registrándose en la Ciudad de Buenos Aires solo 387 causas por este motivo entre 2018 y 2024. Contrario a la urgencia que plantea el proyecto nacional, las legisladoras remarcan que el principal desafío del sistema judicial sigue siendo el grave subregistro de la violencia de género, ya que la Encuesta de Prevalencia refleja que el 45% de las mujeres sufrió violencia a lo largo de su vida, pero solo el 21% recurrió a la justicia.
Las autoras de la declaración advierten que la iniciativa que se debate en el Senado equipara de manera peligrosa la falta de pruebas, el archivo de una causa o la ausencia de condena con una denuncia falsa. Esta confusión instala sospechas generalizadas sobre quienes denuncian, profundizando el miedo a no ser creídas y dificultando el acceso a mecanismos de protección para mujeres, infancias y diversidades. Finalmente, remarcan que la amenaza de criminalización busca un efecto disciplinador que desalienta no solo a las víctimas, sino también al personal de la salud, el derecho y la asistencia social encargados de intervenir en estos casos.
