Iniciativa impulsada por la legisladora Guadalupe Tagliaferri.

En un contexto donde los chicos y chicas conviven desde edades cada vez más tempranas con billeteras virtuales, transferencias, códigos QR y plataformas de inversión, el manejo del dinero dejó de ser un tema exclusivo de adultos. Frente a esta realidad, la diputada Guadalupe Tagliaferri presentó un proyecto de Ley en la Legislatura porteña que busca garantizar que las y los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires reciban Educación Financiera Integral.

La iniciativa propone que estos contenidos se dicten de manera transversal -es decir, cruzando distintas materias- a partir del segundo ciclo del nivel primario, manteniéndose durante todo el secundario y extendiéndose también a las carreras de formación docente.

Configurando las aulas como un escudo ante las estafas digitales, la propuesta de la legisladora nace de un diagnóstico urgente: existe una profunda brecha de conocimiento en las nuevas generaciones que suele derivar en consecuencias graves. El uso inadecuado del crédito, el sobreendeudamiento, la exclusión del sistema formal y la vulnerabilidad frente a fraudes y estafas virtuales son hoy riesgos cotidianos para los jóvenes conectados.

Para Tagliaferri, la escuela se posiciona como el ámbito ideal para democratizar estos saberes de manera equitativa, transformando la educación financiera en una política pública de inclusión que busca nivelar las oportunidades de los estudiantes con independencia de su contexto socioeconómico. Más allá de transmitir conceptos abstractos, el objetivo de fondo es proveer a los alumnos de una herramienta estratégica para su desarrollo personal, formando ciudadanos autónomos capaces de proteger su patrimonio y planificar su futuro.

Una necesaria Educación Financiera Integral que se traduce en un conjunto de actividades orientadas a desarrollar capacidades para la administración responsable de los recursos económicos personales y familiares, la comprensión del sistema financiero y tributario, la planificación económica y la prevención de riesgos.

La ley se apoya en principios clave como la autonomía económica, la inclusión financiera, la igualdad de oportunidades y el conocimiento de los derechos de los consumidores de servicios financieros.

El proyecto estipula que los objetivos y contenidos mínimos obligatorios se dicten de forma gradual según la edad de los alumnos, adaptándose a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de cada escuela. El programa base incluye:

  • Economía del día a día: Elaboración de presupuestos, conceptos de ahorro e interés simple y compuesto.
  • El ecosistema financiero: Funcionamiento del sistema bancario y uso de medios de pago físicos y digitales.
  • Responsabilidad y derechos: Nociones básicas de impuestos, consumo responsable y pautas para un endeudamiento sustentable.
  • Futuro y seguridad: Herramientas de inversión y, fundamentalmente, la protección de datos personales ante fraudes financieros.

De aprobarse, el Ministerio de Educación de la Ciudad será la autoridad de aplicación responsable de actualizar los contenidos, producir los materiales didácticos, realizar campañas de concientización y garantizar la capacitación continua de los docentes que llevarán esta ley a las aulas.