La Legislatura porteña modificará el Código Contravencional, como parte de un temario cargado.
En la sesión del día de hoy, la Legislatura porteña abordará un temario significativo que hace a la cotidianeidad de los vecinos y vecinas de la Ciudad. Entre los proyectos a sancionar se encuentra una modificación del Código Contravencional, que prevé el agravamiento de penas para quienes realicen tareas de "trapito", cuidacoches o limpiavidrios de forma no autorizada.
Otra cuestión que será abordada es la modificación de la Ley 2.265, que fija los parámetros de la Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV), lo que generará una desregulación total al sistema. A esto se suma la regulación de productos emergentes de tabaco y/o nicotina —conocidos popularmente como vapeadores— a través de otra reforma al Código Contravencional.
Además, en materia de movilidad, se va a convalidar un endeudamiento por US$ 1.300 millones para financiar los primeros trabajos de la futura Línea F de subte. Esta línea contará con 9,8 km de extensión y unirá los barrios del sur y el norte de la Ciudad a través de once estaciones, conectando ambas zonas con cabeceras en Barracas y Palermo.
Otro asunto relacionado al subte que formará parte del temario de este jueves es la decisión de la Legislatura de poner un freno a la discrecionalidad a la hora de nombrar las estaciones de subte y Premetro. Para ello, se establecerá el Sistema de Denominación de Estaciones de la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta iniciativa se tratará en primera lectura, por lo que luego deberá pasar por una audiencia pública antes de volver al recinto para su sanción definitiva.
En cuanto a las medidas financieras, el Cuerpo legislativo aprobará un programa de desendeudamiento familiar y personal que contará con financiamiento del Banco Ciudad. También se pondrá a consideración la denominada “Ley de Hojarasca”, que propone un proceso de simplificación normativa a través de la derogación de leyes y disposiciones que han perdido vigencia o utilidad dentro del funcionamiento administrativo y comercial de la Ciudad.
Respecto a la reforma del Código Contravencional, el proyecto cabecera es el del propio jefe de Gobierno, Jorge Macri, el cual está acompañado por otra iniciativa de La Libertad Avanza. Ambos se diferencian en la cuantía de las penas y buscan dar respuesta a uno de los reclamos más importantes de los vecinos.
Los fundamentos del proyecto oficialista, presentado en marzo de 2025, expresan que el objetivo es “prevenir y castigar la conducta de los usualmente llamados cuidacoches o trapitos, cuya ilícita actividad importa una especial afectación de los espacios públicos en los que operan”. Asimismo, sostienen que “estas situaciones revisten especial gravedad cuando se realizan en el marco de eventos deportivos o artísticos de gran concurrencia, o en lugares públicos de disfrute y uso generalizado, lo que funda el aumento de las sanciones pertinentes”.
En concreto, Jorge Macri propone que cuando estas conductas se lleven adelante de forma individual, se apliquen penas de cinco (5) a treinta (30) días de arresto, diez (10) a cuarenta y cinco (45) días de trabajos de utilidad pública o multas de ochocientas (800) a cuatro mil (4.000) unidades fijas. Además, se aplicará una restricción perimetral a quien sea sancionado, prohibiéndole la “concurrencia y/o de interdicción de cercanía al lugar donde haya cometido la contravención”.
Cuando este accionar esté coordinado en grupo mediante una organización previa, se impondrán penas de quince (15) a cuarenta y cinco (45) días de arresto para los integrantes, y de “sesenta (60) días de arresto para los jefes/as, coordinadores/as, organizadores/as y/o promotores/as”. Si esto sucede en grandes parques o en el marco de eventos masivos —dentro de un perímetro de treinta (30) cuadras, desde tres (3) horas antes de su inicio y hasta dos (2) horas después de su finalización—, la pena para “contraventores/as y partícipes es de diez (10) a cuarenta y cinco (45) días de arresto, y el máximo se eleva a sesenta (60) días de arresto para los jefes/as, coordinadores/as, organizadores/as y/o promotores/as”.
En cuanto al nuevo sistema de VTV que se implementará en la Ciudad de Buenos Aires, se trata de una desregulación de la prestación sin la aplicación de tarifas mínimas ni máximas. Como resultado, el precio será estipulado por las propias estaciones de verificación, contemplando el costo de la Oblea Identificatoria y del Certificado de Verificación Técnica (CAVT).
Respecto a los plazos, la nueva normativa fijará que los autos particulares deberán hacer la primera verificación a los cinco años del patentamiento; los automóviles de hasta diez años de antigüedad lo harán cada dos años y, luego de ese plazo, deberán realizarla anualmente. Otra cuestión importante es que se termina con el oligopolio de las actuales plantas verificadoras, habilitando a talleres mecánicos, concesionarios e importadores, siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la reglamentación.
En relación a los vapeadores y bolsas de nicotina —cuyo uso está muy extendido entre los adolescentes—, la Legislatura porteña establecerá reglas para su comercialización, publicidad y consumo en territorio porteño. Se declarará a estas sustancias como perjudiciales para la salud, motivo por el cual se busca fijar restricciones con la intención de reducir el consumo e impedir el acceso a menores de 18 años.
Por otra parte, se convalidará el endeudamiento por US$ 1.350 millones para afrontar la construcción integral de la futura Línea F de subte, lo que incluye trabajos de ingeniería, obras, instalaciones y el equipamiento correspondiente. Como se señaló, tendrá 9,8 km de extensión con cabeceras en Barracas y Palermo y, en un primer tramo, contará con seis estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán. Se calcula que la demanda de pasajeros será la más alta de la red, estimándose entre 235.000 y 392.000 usuarios diarios.
Sobre el ordenamiento del Sistema de Denominación de Estaciones, se mantendrán las dobles nomenclaturas actuales, aunque garantizando que las futuras denominaciones se establezcan bajo un criterio georreferencial.
Finalmente, buscando dar respuesta al endeudamiento de los hogares y a las dificultades para afrontar los pagos de tarjetas de crédito y préstamos personales, se aprobará el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires. Este programa dará lugar a mecanismos de refinanciación para que las familias con dificultades económicas puedan reorganizar sus deudas mediante créditos con tasas de interés más bajas y plazos de pago más extensos.
La propuesta establece que el Banco Ciudad y las entidades financieras privadas que decidan adherirse podrán otorgar créditos destinados específicamente a cancelar y refinanciar deudas preexistentes. Estos préstamos tendrán una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses, con la intención de que los beneficiarios reemplacen pasivos de alto costo por un financiamiento más accesible y sostenible en el tiempo.
El proyecto está dirigido a grupos familiares cuyos ingresos no superen el equivalente a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, para acceder al programa, las deudas financieras deberán representar más del 30% de los ingresos mensuales del hogar. La iniciativa también pone el foco en personas que registren atrasos de entre 60 y 180 días en sus obligaciones financieras, quienes corren el riesgo de quedar excluidas del sistema formal o enfrentar procesos de ejecución y embargo.
