Obtuvo dictamen el proyecto para destinar parte de las utilidades a rebajar créditos hipotecarios.
La Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura porteña emitió dictamen favorable para un proyecto del diputado Nicolás Pakgojz. La iniciativa busca transformar de manera estructural el funcionamiento y el destino de las utilidades netas del Banco Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de abaratar el costo de los créditos hipotecarios y reducir los gastos administrativos para los residentes del distrito.
Lo que promueve el legislador de La Libertad Avanza es sustituir el artículo 45 de la Ley N° 1.779 para corregir lo que considera una profunda distorsión en la naturaleza de la entidad bancaria. Según argumenta, por definición de su Carta Orgánica, el Banco Ciudad es una entidad pública con plena autonomía de gestión cuyo fin primordial no debe ser la maximización del lucro para su accionista —el Estado—, sino actuar como un instrumento de política crediticia que promueva activamente la calidad de vida de los vecinos.
En los fundamentos de la iniciativa, Pakgojz advierte que el marco normativo actual obliga a la institución a girar sus utilidades excedentes al Gobierno de la Ciudad bajo el concepto de "Obras Nuevas con Fines Sociales y Soluciones Habitacionales". En la práctica, señala que esto termina financiando estructuras burocráticas e ineficientes, lo que genera una contradicción económica y social: un banco público que cobra a los propios habitantes de la Ciudad tasas de interés cercanas a las de mercado para obtener una ganancia que luego es transferida a la administración central.
Para respaldar su postura, el diputado expone cifras basadas en la última presentación de los Estados Financieros Consolidados de la entidad. Los números muestran la magnitud del escenario cuestionado: tras reportar un resultado neto positivo de $76.762 millones en el período de enero a septiembre de 2025, Pakgojz considera injustificable que semejante superávit no se haya aplicado a una bonificación mayor en las tasas de las líneas hipotecarias o en los gastos administrativos. En este sentido, califica la situación como un "descalce moral y económico", al describir una institución que acumula ganancias a costa del esfuerzo financiero de las familias para luego desviar esos fondos hacia la política, en lugar de reinvertirlos inmediatamente en el acceso al techo propio.
Para subsanar esta anomalía, la reforma propone un cambio de paradigma tajante bajo la premisa de que la banca pública no debe buscar utilidades en un sentido comercial; por el contrario, ante un superávit, el beneficio debe trasladarse a los clientes mediante tasas más bajas. En consecuencia, la modificación del artículo 45 establece que, una vez garantizada la preservación del patrimonio del banco en valores constantes frente a la inflación y cubiertas las reservas legales y donaciones de rigor, el 100% del remanente financiero ya no podrá tener un uso discrecional. La norma estipula que el excedente se aplicará de forma exclusiva a la bonificación directa de las tasas de interés y a la reducción de los gastos de las líneas de crédito hipotecario destinadas, únicamente, a personas humanas residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo central del proyecto es dejar de financiar la oferta de vivienda a través de la intermediación estatal y pasar a financiar directamente la demanda, otorgando un crédito accesible para que cada ciudadano elija libremente dónde vivir. Pakgojz concluye que, al eliminar la intermediación política de los fondos y reemplazar la transferencia de recursos por la reinversión productiva, se alinean los incentivos de la entidad con las necesidades de la comunidad. De esta manera, se busca devolver al Banco Ciudad su esencia original y cumplir con el mandato de su Carta Orgánica: facilitar el ingreso al crédito personal y familiar, garantizando que el excedente financiero regrese a los vecinos en forma de oportunidades concretas de vivienda y bienestar.
