La diputada Andrea González acompaña la lucha con un pedido de informes al Ejecutivo.
Artesanos y manualistas que forman parte de la Feria de la Avenida de Mayo, ubicados en la calle Perú, fueron desalojados por el Gobierno de la Ciudad en un operativo conjunto entre personal de Espacio Público y efectivos policiales. Estos últimos les indicaron que no podían vender sus productos, dando por clausurada una actividad que vienen desarrollando desde hace más de 20 años.
«Si llegan a vender, les sacamos la mercadería», les advirtieron en tono amenazante, según le comentó a NotiBuenosAires Natalia Giberti, una de las artesanas impedidas de trabajar. Giberti remarcó que el Gobierno porteño ha cerrado el diálogo para encontrar caminos de entendimiento que les permitan operar como feria, una situación que se daba casi de hecho antes del levantamiento, ya que era personal del propio Gobierno el que «tomaba lista y nos sacaba fotos» a fin de dejar constancia del cumplimiento de las actividades, como ocurre en el resto de las ferias habilitadas; una dinámica que aquí culminó de manera intempestiva e inconsulta.
La propia Natalia le ofrece al Gobierno, en consonancia con el resto de los artesanos y manualistas, que este grupo de trabajadores ubicados en la calle Perú, entre Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, pueda sumarse a la feria «Sabe la Tierra», la cual funciona jueves y viernes en la calle Florida y Diagonal Norte. Esto permitiría la continuidad laboral de personas que hoy no encuentran cómo generar su sustento diario.
Natalia explica que desde el Gobierno solo les indican que escriban un correo electrónico al sector administrativo que se encarga de las Ferias de la Ciudad, un canal totalmente saturado por la gran cantidad de potenciales feriantes que quieren ser parte del registro oficial. De esta manera, se ignora la antigüedad que tiene esta feria, pese a no estar administrativamente reconocida.
Varios artesanos ponen el acento en que se trata de calles peatonales —tanto Perú como Florida— donde conviven con estructuras fijas de confiterías que ocupan el espacio público en todo momento. Les llama la atención cierto trato desigual por parte de quienes llevan adelante la regulación de ese espacio, lo que genera una especie de doble estándar, pese a la armoniosa convivencia entre comercios y feriantes, la cual se desarrolla ajena a cualquier tipo de queja por parte de los dueños de los locales.
A esto se suma, según explica Natalia, que «son muchos los turistas que nos preguntan cosas u ubicaciones, transformándonos nosotros en verdaderos guías para ellos al indicarles dónde queda el Café Tortoni o dónde está la Manzana de las Luces, lugares que no están bien señalizados. Somos nosotros quienes brindamos nuestro aporte favoreciendo al turismo».
Los artesanos y manualistas hoy tienen la firme decisión de «seguir resistiendo, porque necesitamos trabajar». Esta determinación se mezcla con la frustración de no saber «por qué no abren el diálogo», en referencia al Gobierno. La tensión del escenario obliga a contar con veedores de la Defensoría del Pueblo quienes, identificados con pecheras, realizan una especie de guardia pasiva para evitar que la situación escale ante funcionarios gubernamentales que no se van del lugar. Les impiden vender cualquier producto porque «si nosotros vendemos, nos quitan la mercadería», obligándolos a «estar ahí para demostrar que seguimos luchando por nuestro trabajo».
Se debe dejar claro que no son manteros, que no realizan reventa y que no hay competencia desleal con los comerciantes de la zona. «Lo que vas a encontrar —dice Natalia— son manualidades y artesanías, todo hecho por nuestras manos», cuestionando a un Gobierno porteño que «muchas veces no palpa lo que sucede porque no camina la calle, no está con la gente de la Ciudad y no entiende lo importante que es culturalmente este espacio para el turista».
Esas manos, que hoy no están pudiendo pagar un alquiler, una habitación de hotel o un plato de comida en la mesa familiar, reciben el apoyo de quienes transitan el lugar y los ven junto a sus productos —los cuales no pueden vender— y con carteles que explican el motivo. Así, reciben el aliento, la donación de alimentos e incluso dinero que la gente colecta para que puedan sobrevivir.
Una situación abrumadora que encuentra como aliada a la diputada Andrea González, quien presentó un proyecto de Declaración en el que le pide al Gobierno porteño que, «a través de la Dirección General de Permisos y Ferias, tome acciones en pos de formalizar el trabajo realizado por artesanos/as y manualistas de la calle Perú y Avenida de Mayo desde hace más de 20 años».
En un único pero claro artículo, la legisladora de Fuerza por Buenos Aires rescata la compleja realidad que viven los feriantes y sus familias, poniendo de manifiesto que son parte de una postal que convoca a transeúntes ocasionales y turistas, además de clientes regulares que buscan sus productos.
Según expresa la legisladora González, su proyecto «busca promover una vía de comunicación concreta e institucional para este sector, en pos de alcanzar un espacio regulado, digno y accesible para el desarrollo de sus actividades económicas».
Esta necesaria formalización del espacio ferial cuenta con el respaldo de la Constitución porteña en su artículo 43, al proteger «el trabajo en todas sus formas» y entender que «el tratamiento y la interpretación de las leyes laborales debe efectuarse conforme a los principios del derecho del trabajo», según lo rescata la diputada González. Asimismo, remarcó que, según datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP 2022), en la Ciudad de Buenos Aires se encuentran registradas más de 15.000 personas dedicadas a la venta ambulante.
Sobre esta base, la diputada sostiene que la «formalización de las actividades feriales no solo busca reconocer derechos vulnerados, sino también ofrecer a la comunidad una oferta comercial, cultural y artesanal de calidad, que contribuya a revitalizar el espacio público, fomentar el comercio de cercanía y fortalecer los lazos comunitarios». Bajo esta premisa, una respuesta satisfactoria de la Dirección General de Permisos y Ferias se vuelve «urgente».
Una urgencia que también exclama Natalia en representación de todos los artesanos y manualistas, asegurando estar «abiertos al diálogo» y con la firme creencia de que «nos van a recibir, porque nosotros no pedimos nada más que poder trabajar».
