Resultados de la segunda sesión ordinaria del año.
La Legislatura porteña sancionó este jueves la ampliación del presupuesto 2026, a partir de una iniciativa del Jefe de Gobierno, en respuesta al desfasaje provocado por el alza inflacionaria que dejó desactualizados los parámetros de la ley originalmente votada a fines de 2025.
La suma a incluir alcanza los $2.683 billones en el cálculo de recursos, provenientes de la estimación de la recaudación tributaria, no tributaria y de fuentes financieras. Este monto contempla la ampliación de los recursos corrientes por $2.525 billones y de los recursos de capital por $950 mil millones.
Desde la propia administración se informó que esta modificación tiene como objeto adecuar las previsiones presupuestarias a la evolución de las principales variables macroeconómicas; en particular, la dinámica inflacionaria que ha superado la expectativa original y las estimaciones consideradas al momento de la sanción del presupuesto vigente.
Cabe recordar que, en el mes de abril, la inflación superó la proyección anual del 10,1% establecida en el presupuesto aprobado para el corriente año. Asimismo, la Ciudad debe adoptar para sus cálculos, en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, las pautas fijadas a nivel nacional para dar cumplimiento a las normativas vigentes. Dichos postulados nacionales también fueron modificados, fijando una inflación para el ejercicio actual del 29,1%, un tipo de cambio a diciembre de $1.700 y un crecimiento económico del 3,3%.
En lo que respecta a la Ciudad, los fondos incorporados se destinarán a la actualización salarial de docentes, médicos, enfermeros, policías y el resto de los empleados públicos, a fin de afrontar el incremento inflacionario, como así también a la compra de insumos médicos. Esta actualización abarcará, además, a los contratos de recolección de residuos, limpieza de hospitales, escuelas y espacios verdes, junto con los costos de obras públicas y mantenimiento contemplados en el plan plurianual de inversiones.
Otras normas aprobadas por la Legislatura son la adhesión de la Ciudad al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), instituido por la Ley Nacional N° 27.742, y la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad (RIMICABA), en articulación con el RIMI nacional de la Ley N° 27.802, sumándose modificaciones en Ingresos Brutos a propuesta de La Libertad Avanza.
Respecto al RIMICABA, su eje central es incentivar la inversión productiva, incluyendo la adquisición, fabricación o importación de bienes de capital nuevos y la realización de obras de infraestructura vinculadas a la producción.
Para acceder a los beneficios, se deben cumplir ciertos requisitos, entre ellos alcanzar un monto mínimo de inversión: para Microempresas un piso de US$ 100.000; para Pequeñas empresas desde US$ 600.000; para medianas del “tramo 1” desde US$ 3.500.000 y medianas del “tramo 2” hasta US$ 9.000.000.
Al flamante RIMICABA acceden empresas desde la aprobación del proyecto hacia adelante, dejando fuera a quienes invirtieron durante 2024 y 2025. Esta cuestión fue reclamada por Fuerza por Buenos Aires al señalar una “inequidad fiscal”, ya que muchos quedan excluidos de los beneficios impositivos habiendo realizado la misma inversión, graficando que el 90% del comercio porteño queda fuera del alcance, según la perspectiva del peronismo.
