Proyecto del diputado Leandro Santoro, implementado por el Banco Ciudad.
Frente a la crítica situación económica que afecta a miles de hogares en la Ciudad de Buenos Aires, el diputado Leandro Santoro presentó un proyecto para que el Banco Ciudad implemente una Línea de Crédito Especial destinada exclusivamente a la cancelación de deudas personales. Esta iniciativa, que tendría una vigencia inicial de 60 días tras su aprobación, busca ofrecer una salida concreta al sobreendeudamiento mediante préstamos personales libres de impuestos, cuyo único fin sea saldar compromisos previos por consumos con tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
Para asegurar la transparencia y efectividad de la medida, el Banco Ciudad no entregaría el dinero directamente a los usuarios, sino que realizaría la transferencia de los fondos hacia las entidades acreedoras tras la autorización de los beneficiarios. Asimismo, la normativa exige que la entidad trabaje en la agilización del proceso de certificación de deuda, especialmente con acreedores no bancarios. La implementación del programa contaría con un fuerte despliegue de difusión en medios de comunicación y redes sociales, financiado mediante la reasignación de partidas presupuestarias del Banco, la Legislatura y el Poder Ejecutivo.
En cuanto a las condiciones financieras, el proyecto estipula beneficios significativos: la Tasa Nominal Anual (TNA) se fijará según el costo de fondeo de la entidad, con un tope máximo del 40%, y el plazo de devolución se extenderá hasta los 36 meses. Además, se autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar recursos del Tesoro local para subsidiar parcialmente dicha tasa, facilitando así el repago de los créditos. Para garantizar la accesibilidad, se establecerá una Ventanilla Única de atención, tanto presencial como digital, permitiendo que el trámite se realice de forma ágil a través de la web oficial, la aplicación móvil o la red de sucursales del banco.
El acceso a este beneficio estará segmentado para alcanzar a los sectores más vulnerables. Podrán aplicar empleados en relación de dependencia, jubilados y monotributistas hasta la categoría G, siempre que cuenten con al menos dos años de residencia en CABA y sus ingresos no superen los diez salarios mínimos, vitales y móviles. Un requisito fundamental es que la deuda mensual a cancelar no supere el 40% de los ingresos totales del solicitante. Por el contrario, quedarán excluidos quienes posean más de un inmueble, vehículos con menos de cinco años de antigüedad (salvo para fines laborales) o deudas originadas por obligaciones alimentarias, multas penales y compromisos tributarios o hipotecarios.
Finalmente, el proyecto establece un orden de prioridades en caso de que la demanda supere los recursos disponibles. En ese escenario, tendrán preferencia aquellos trabajadores o monotributistas con responsabilidades de cuidado sobre menores, adultos mayores o personas con discapacidad, así como jubilados, inquilinos y trabajadores con ingresos de hasta cinco salarios mínimos. Con esta estructura, la propuesta busca brindar un alivio financiero estratégico centrado en la protección del ingreso familiar.
