Proyecto del diputado de LLA, Diego Vartabedian.
El diputado porteño Diego Vartabedian, de La Libertad Avanza, presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el Gobierno de la Ciudad detalle el estado de la puesta en valor del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, a partir de observaciones formuladas por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa exige respuestas en un plazo de 30 días y pone el foco en una serie de inconsistencias presupuestarias, administrativas y técnicas detectadas en el proyecto.
Entre los puntos más relevantes, el legislador solicitó explicaciones por el fuerte incremento en los gastos de personal, que pasaron de 70 millones de pesos previstos originalmente a 285 millones, mientras que otras partidas fueron reducidas o modificadas significativamente. En ese sentido, se pide aclarar si estos desvíos se vinculan con la contratación de personal sin que las obras hayan comenzado en tiempo y forma.
El pedido también apunta a posibles fallas en los mecanismos de control. En particular, se cuestiona la falta de independencia entre el fideicomiso del Autódromo y la Secretaría de Deportes, ya que ambas estructuras comparten conducción, lo que —según la Auditoría— habría impedido un adecuado “control por oposición”.
Otro eje central del planteo es el rol de AUSA como unidad ejecutora de las obras. Según el proyecto, no se habría realizado una evaluación técnica suficiente sobre su desempeño, pese a que la responsabilidad de supervisión recae en la Secretaría de Deportes.
Además, se advierte que el Comité de Gestión del fideicomiso —creado por ley para garantizar el control técnico, legal y financiero— habría incumplido sus funciones, delegando responsabilidades en otros organismos.
La situación de las obras también genera preocupación. De acuerdo con el informe citado, a diciembre de 2024 se registraban paralizaciones sin que se hubieran formalizado actas de neutralización de plazos ni comunicaciones oficiales a las empresas contratistas. A su vez, se solicita información sobre el grado de avance real de contratos millonarios vinculados a obra civil, sistemas de seguridad y tecnología, algunos de los cuales ya contaban con adelantos financieros.
En materia presupuestaria, el pedido cuestiona la falta de reflejo contable de modificaciones contractuales significativas —de hasta el 84% en algunos casos— y la utilización de esquemas de pago indirectos, como la cesión de derechos de explotación de eventos deportivos, cuyos costos resultarían difíciles de determinar.
Otro aspecto clave es la ausencia de un proyecto integral que permita adecuar el autódromo a estándares internacionales, como los requeridos por la Federación Internacional del Automóvil para competencias de primer nivel. Según se señala, incluso a mediados de 2025 persistían indefiniciones técnicas que impedían avanzar con claridad en las obras.
En los fundamentos, Vartabedian advierte que el proyecto presenta “una marcada carencia de evaluaciones técnicas, económicas y de planificación”, junto con deficiencias en los estudios de factibilidad, análisis de riesgos y mecanismos de seguimiento. También señala problemas en la coordinación entre organismos y en la trazabilidad de la información.
El legislador concluye que estas falencias derivaron en demoras, ejecución fragmentada y resultados parciales que no se corresponden con los objetivos iniciales, por lo que propone reforzar los mecanismos de control, planificación y transparencia.
De prosperar el pedido, el Gobierno porteño deberá brindar un informe detallado sobre el estado actual de las obras y las medidas adoptadas para corregir las irregularidades detectadas.
