Se inicia este lunes el debate del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 en la Legislatura porteña, con la presencia de Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, con la necesidad gubernamental de conseguir los acuerdos parlamentarios necesarios para lograr la aprobación de sus propuestas en materia tributaria.
Se conocerán las primeras reacciones este lunes, momento en el que Arengo exponga y escuche las distintas posiciones en la cuestión tributaria que se establece como uno de los ejes centrales del Proyecto de Presupuesto, no solo como una herramienta recaudatoria indispensable, sino también como un instrumento de política pública orientado a sostener el equilibrio fiscal, la previsibilidad financiera y la capacidad del Estado para llevar adelante políticas de inversión y expansión de servicios, teniendo como bandera la creación de la futura línea “F” de subterráneos.
En ese sentido, el gobierno porteño reafirma su compromiso con un sistema tributario progresivo, que asigne la carga impositiva de forma proporcional a la capacidad contributiva de los vecinos, evitando distorsiones y procurando una distribución más justa del esfuerzo fiscal.
En este sentido, para el ejercicio 2026, se consolida el esquema de actualización implementado en 2025 para los tributos patrimoniales, estableciendo criterios de ajuste que permiten compensar el efecto inflacionario, pero sin perder de vista la equidad en la carga fiscal.
En lo puntual, el Impuesto Inmobiliario continuará actualizándose exclusivamente por inflación, siguiendo una metodología técnica que considera el índice de precios al consumidor como referencia. Este cálculo se aplicará mensualmente en función del costo de vida registrado cuatro meses antes de la emisión de la cuota, por razones administrativas y de facturación.
Por su parte, la tasa del Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) tendrá un tratamiento diferencial, fijando que para las más de un millón de partidas cuyo valor fiscal es igual o inferior a $32 millones —es decir, el 63% del padrón inmobiliario—, estableciendo que la actualización será solamente por inflación, lo que implica que no habrá un aumento real del tributo.
En cambio, para el 37% restante —unas 618.000 partidas— que superan ese umbral, se aplicará un incremento adicional del 1% mensual, además del ajuste inflacionario, lo cual busca aumentar la participación relativa de los sectores con mayor patrimonio en el financiamiento de los gastos públicos. Esta medida, que representa una decisión política clara en favor de la progresividad tributaria, fortalece el carácter redistributivo del sistema fiscal porteño.
Otro componente relevante en materia tributaria es el impuesto a la Patente Vehicular, que también continuará en 2026 bajo el nuevo esquema introducido en 2025. Este sistema reformó la estructura de escalas y alícuotas, con el objetivo de corregir inequidades existentes y lograr una mayor correspondencia entre el valor de los vehículos y el monto del tributo.
En este sentido, la valuación de referencia será la correspondiente al mes de octubre de 2025 en el mercado automotor, sobre la cual se aplicarán las alícuotas progresivas definidas. El resultado de esta política es que el 92% del padrón vehicular —compuesto por más de 1,1 millones de unidades— se ubica dentro de los tres tramos más bajos de la escala, cuya alícuota máxima es del 3,5%. De esta manera, la gran mayoría de los contribuyentes no verá aumentos significativos, mientras que los vehículos de alta gama asumirán una carga mayor, en línea con su capacidad contributiva.
En cuanto a los vehículos eléctricos, la Ciudad ratifica su política de estímulo a la movilidad sustentable manteniéndolos exentos del pago de Patente, mientras que los vehículos híbridos conservarán el beneficio de exención por dos años, seguido por una reducción paulatina del beneficio hasta alcanzar el pago completo del impuesto a partir del sexto año.
Desde la óptica gubernamental, el sistema tributario no solo estaría cumpliendo una función fiscal, sino que también promueve comportamientos compatibles con los objetivos ambientales y de sostenibilidad urbana.
Este esquema tributario, el presupuesto 2026, proyecta ingresos totales por 17,34 billones de pesos, de los cuales 14,19 billones corresponden a recursos tributarios. Dentro de este conjunto, 12,59 billones serán recursos de origen propio, mientras que el resto proviene del sistema de coparticipación federal de impuestos.
En este punto, el Gobierno de la Ciudad vuelve a plantear la situación aún no resuelta en torno a la distribución de fondos coparticipables: si bien en 2026 se prevé recibir 1,59 billones de pesos en concepto del coeficiente del 1,40% que se transfiere diariamente a través del Banco Nación, también se proyecta el ingreso de 1,80 billones adicionales por el coeficiente del 1,55% transferido semanalmente, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional.
No obstante, la Ciudad continúa su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la restitución del coeficiente original del 3,5%, que fue modificado de manera unilateral en 2020, así como por el pago de la deuda acumulada por transferencias no realizadas, estimada en aproximadamente 6.000 millones de dólares. Este reclamo no solo tiene un fundamento jurídico, sino que impacta directamente en la autonomía financiera de la Ciudad y su capacidad de planificación a largo plazo.
Sobre la base de estos recursos, el presupuesto mantiene un perfil equilibrado, con gastos totales estimados en 17,34 billones de pesos y un resultado financiero superavitario de 6 mil millones. Esto significa que la Ciudad logra, por quinto año consecutivo, un presupuesto sin déficit, lo cual refuerza su solvencia fiscal y la confianza de los mercados.
El resultado económico primario proyectado —es decir, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes— alcanza los 3,69 billones de pesos, mientras que el resultado primario, que excluye los pagos de intereses de deuda, será positivo en 259 mil millones. Del total del gasto, 13,65 billones corresponden a gastos corrientes, con una fuerte participación del rubro personal, que representa el 41,3% del total con una previsión de 7,15 billones de pesos. Este monto contempla la evolución salarial a lo largo del año, en función de futuras negociaciones paritarias.
El dato más destacable en el diseño del gasto es el crecimiento significativo de la inversión de capital, que alcanzará el 20% del presupuesto —muy por encima del promedio histórico del 16%—, con un total de 3,43 billones de pesos destinados a obras y mejoras estructurales.
Entre estas inversiones se destaca la ampliación de la red de subterráneos, con el inicio de la construcción de la nueva Línea F, que unirá los barrios de Barracas y Palermo a través de 12 estaciones distribuidas en 8 barrios y 5 comunas. Se estima que esta nueva línea beneficiará a unos 300.000 pasajeros diarios, y contribuirá a mejorar la conectividad y reducir el tránsito en superficie.
Para el ejercicio 2026 se proyecta una inversión inicial de 285.164 millones de pesos, destinada a obras de ingeniería, infraestructura y equipamiento, en el marco de un proyecto plurianual que contempla un presupuesto total cercano a los 1.500 millones de dólares. La licitación pública nacional e internacional para la construcción de esta línea se realizará en octubre de 2025, luego de una convocatoria a manifestaciones de interés en la que participaron 22 empresas de todo el mundo.
En suma, el Proyecto de Presupuesto 2026 propone una estructura fiscal basada en la estabilidad macroeconómica, el equilibrio presupuestario, la progresividad tributaria y una inversión sostenida en infraestructura. La política impositiva cumple así un rol estratégico no solo para garantizar el funcionamiento cotidiano del Estado, sino también como instrumento de desarrollo urbano, inclusión social y transformación estructural. En un contexto proyectado de crecimiento del 5%, inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 por dólar hacia fines de 2026, la Ciudad de Buenos Aires busca mantener su capacidad de respuesta, su autonomía financiera y su compromiso con una gestión pública eficiente, moderna y transparente.
