Hugo Campos presentó una iniciativa en la Legislatura porteña, en su carácter de presidente de la Junta de Estudios Históricos de Saavedra y Núñez, pidiendo la protección a la casa donde vivió y murió Alfredo Bravo, maestro y ex diputado nacional.
Se trata del predio ubicado en Vilela 4620, en el barrio de Saavedra, destacando que se trata de la vivienda de uno de los miembros fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, organización que tuvo un rol muy activo durante la última dictadura cívico-militar, cuestionando con firmeza el paradero de las personas detenidas-desaparecidas.
Situación que le tocó vivir, habiendo sido secuestrado y torturado, salvando su vida por un pedido de diferentes organizaciones del país y del exterior, que lograron su liberación.
Estas circunstancias son destacadas por quienes están presentando el proyecto de protección del inmueble de la calle Vilela,
Espacio que fue reconocido por la propia Legislatura porteña, a partir de un proyecto aprobado en junio del 2006, a instancias del ex diputado Facundo Di Filipo “en homenaje a la memoria del diputado Alfredo Pedro Bravo”, sumándose otro, también sancionado, por propuesta del ex diputado Claudio Morresi, de mayo del 2023, con motivo de “conmemorarse el 20º aniversario del fallecimiento del diputado nacional (mc) Alfredo Pedro Bravo y disponerse la colocación de una placa en el frente de su domicilio sito en Vilela 4620”.
Se está hablando del espacio donde vivió quien fuera “cofundador de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (C.T.E.R.A.) en 1973”, tal como se menciona en el proyecto de la Junta de Estudios Históricos, “uno de los miembros fundadores de la Asociación ´Abuelas de Plaza de Mayo`”.
Subsecretario de Educación de la Nación, durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, “cargo que ocupó hasta la promulgación de la conocida Ley de Obediencia Debida y Punto Final”, se destaca en la iniciativa, mostrando una coherencia que mantuvo a lo largo de toda su vida, impulsando en 1999 la impugnación 1999 de la asunción del represor Antonio Bussi, por ser autor de delitos de crímenes de lesa humanidad.
