En la mañana de este lunes, como parte de una manda judicial, el Gobierno porteño desalojó el edificio ubicado en Olazábal 3432, a pasos de Superí, una estructura de 15 pisos, a medio terminar, cuya construcción se comenzó en 1965, por parte de una empresa que luego quebró, sin terminar la obra.
En base a fuentes judiciales y los expedientes 16026874/69, 56757/04 y 16208/10, el edificio fue adquirido en 1972 por el Estado Nacional para construir viviendas sociales, pero nunca se inscribió la compra, pasando luego a manos de privados en 2004, motivando que la síndica a cargo de la quiebra realizara una denuncia penal por intento de estafa y falsificación de documentos.
En abril de 2018 que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°9 resolvieron sobreseer a los imputados y archivar las actuaciones por haber prescripto la causa. El decreto de citación a juicio se había realizado el 30 de diciembre de 2011, pero el transcurso del tiempo sin que se celebrara hizo que la acción penal contra los acusados se extinguiera.
Se trata de una edificación que no tiene cloacas, aunque si medidores de luz instalados por Edenor, cuyo suministro fue cortado en los últimos días como medida de presión para que los ocupantes abandonen el lugar.
Esto comenzó a concretarse este lunes, a partir del mega operativo llevado adelante por la Policía de la Ciudad, llevando a que la mayoría de las 50 personas que habitaban el espacio comenzaran a desalojarlo.
Según informaciones preliminares, los actuales propietarios habrían comprado la edificación en seis millones de dólares, algo irrisorio para la zona, adquirientes que lograron que el pasado día viernes se diera la última prórroga para última para el desalojo.
Muchas de esas personas comenzaron a llevarse sus pertenencias, concretándose 72 horas después el desalojo, cuestión que ha sido apelada por otros de los vecinos, quienes están esperando algún tipo de respuesta.
Un edificio de 15 pisos que le escapa a cualquier limitación del actual Código Urbanístico, que desde el punto de vista estructural está en condiciones y se mantiene, siendo posible que el propietario remodele las unidades y obtenga una gran ventaja en el negocio inmobiliario por poseer un edificio en una zona residencial de alto poder adquisitivo.