La diputada Claudia Neira presentó un proyecto por medio del cual busca que la Legislatura porteña exprese “su profunda preocupación por los impactos negativos resultantes del proceso de sobre densificación urbana en el Barrio de Núñez-Comuna 13; en especial los evidenciados en el polígono delimitado por las Av. Libertador, Crisólogo Larralde, Grecia, Manuela Pedraza”, instando al Poder Ejecutivo “a implementar acciones urgentes para reparar los daños ocasionados y garantizar la preservación del patrimonio y la seguridad de los vecinos y vecinas del sector”, consecuencias que ya se denunciaron oportunamente.
En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora de Unión por la Patria, se hace eco de la “enorme preocupación y estado de alarma que viven los vecinos y vecinas de Núñez-Comuna 13”, en especial los residentes en el polígono mencionado, “a raíz de los impactos negativos resultantes del proceso de sobredensificación urbana que atraviesa el barrio”.
Vecinos y vecinas que, lo resalta Neira, vienen denunciando “descalce de estructuras, grietas y rajaduras en muros y cerramientos, desprendimientos de mamposterías, hundimiento de solados y pavimentos, pérdidas en instalaciones de servicios domiciliarios e internas de las diferentes viviendas, fisuras en medianeras, incremento de daños por humedad, colapso de Infraestructuras”, entre otras consecuencias.
Daños “alarmantes” consecuencia de la construcciones de construcciones habilitadas por las nuevas normativas, “cuya dimensión y escala resultan claramente disruptivas de su entorno adyacente”, en especial, enumera, “las localizadas en Núñez N° 1536/42/60/80 / Av. ibertador N° 7340/400(Quantum Bellini Libertador) y Campos Salles N° 1565 /Av. del Libertador N° 7208(Centro Empresarial Libertador)”.
Una zona revolucionada por un mercado inmobiliario que no repara en la conservación del entorno al eje de la Av. Libertador, “caracterizado por un tejido residencial de baja densidad que hoy sufre las consecuencias del proceso de sobre-densificación incentivado durante los últimos años”.
Se trata de obras legalmente realizadas, sobre la base de permisos otorgados por el propio Gobierno porteño, previos al nuevo Código Urbanístico sancionado en 2018, algo que Neira entiende que llevó se destruya “el tejido identitario de los barrios”, generando “un fenómeno de resistencia ciudadana, que organizados en colectivos, asambleas o asociaciones vecinales, reclaman, visibilizan y promueven cambios de una normativa urbanística, que pone en riesgos su calidad de vida”.
Cuestión que se agrava si se tiene presente la necesidad de reparar el daño que hoy se sigue provocando a vecinos y vecinas de la zona, si se tiene presente “el desarrollo inminente de nuevas construcciones de gran escala sobre el mismo eje Av. Libertador”, denunciado por los propios interesados y por la diputada Neira.
Es desde aquí que la misma legisladora asegura que es “imperioso que el Poder Ejecutivo suspenda preventivamente las obras en curso y todo registro de obra nueva dentro del polígono, para realizar de modo urgente los estudios necesarios que identifiquen e interpreten, prevengan y recompongan, los efectos de corto, mediano y largo plazo que la norma urbana, proyectos, y/o emprendimientos públicos o privados, causan y/o puedan causar a los vecinos y vecinas del barrio (y su patrimonio)”.
No siendo un tema menor, lo dice Neira, “la necesidad de contar con un Código Ambiental y procedimientos técnicos formales para regular la creación y/o reformulación de la normativa urbanística (Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa y Evaluación Ambiental Estratégica), que permitan en causar el desarrollo urbano local en un sendero de planificación sostenible”.