Piden establecer una distancia mínima de 200 metros entre kiosco y kiosco.
El presidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), Dr. Norberto S. Tomasino, presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que propone regular la instalación y distribución de kioscos en la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto de profunda crisis que atraviesa el sector. La iniciativa, denominada “Ordenamiento de Kioscos - Distancias Mínimas”, busca establecer criterios de ubicación, proximidad y densidad de estos comercios con el objetivo de ordenar el uso del espacio urbano y evitar la concentración territorial que, según advierten desde el sector, pone en riesgo la subsistencia del comercio minorista tradicional.
El proyecto establece, entre sus puntos centrales, la creación de un Registro Único de Kioscos (RUK), en el que deberán inscribirse todos los locales dedicados a la venta de golosinas, snacks, bebidas y productos afines. Asimismo, fija una distancia mínima obligatoria de 200 metros entre kioscos, medida que apunta a limitar la saturación de locales en determinadas zonas y garantizar una distribución más equilibrada. En los casos en que no se cumpla con esta distancia, la habilitación quedará sujeta a criterios de prioridad como la antigüedad o la superficie comercial, aunque se prevé la posibilidad de excepciones fundadas por parte de la autoridad de aplicación.
La iniciativa también dispone que toda nueva habilitación municipal deberá contemplar el cumplimiento de estos requisitos, además de una evaluación previa por parte del Ministerio de Desarrollo Económico, organismo que será la autoridad encargada de reglamentar la ley en caso de su aprobación. El alcance de la normativa incluye a todas las personas humanas o jurídicas que exploten kioscos en el ámbito de la Ciudad.
El proyecto se enmarca en un escenario crítico para el sector. Según datos relevados por la propia UKRA y difundidos en medios nacionales, en la Argentina cierran alrededor de 50 kioscos por día, una cifra que refleja el deterioro sostenido de esta actividad en los últimos años. Entre los factores que explican esta situación se destacan la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de tarifas y alquileres, y la creciente competencia de grandes cadenas comerciales y plataformas digitales.
Desde la entidad impulsora subrayan que el kiosco no es solo un punto de venta, sino una unidad económica familiar que cumple un rol clave en el entramado barrial, generando empleo, aportando a la seguridad urbana y funcionando como espacio de referencia comunitaria. En ese sentido, advierten que la expansión de cadenas con mayor capacidad de negociación, logística integrada y estrategias de precios agresivas genera una competencia desigual que deriva en el cierre de pequeños comercios y en una progresiva concentración del mercado.
El texto del proyecto sostiene que la regulación propuesta no constituye una restricción a la actividad privada, sino una herramienta de planificación urbana orientada a preservar la diversidad del comercio de proximidad. En esa línea, se inscribe dentro de antecedentes normativos locales como la Ley 1200 de Grandes Superficies Comerciales, y en criterios avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha reconocido la potestad de las jurisdicciones para establecer regulaciones razonables en función del interés público.
La propuesta será ahora analizada en el ámbito legislativo, donde se abrirá el debate sobre el alcance de la medida y su impacto en la dinámica comercial de la Ciudad. Mientras tanto, desde el sector kiosquero insisten en la necesidad de avanzar con herramientas concretas que permitan frenar el cierre de comercios y sostener una actividad que consideran esencial para la economía urbana y la vida cotidiana de los barrios.
